Por Alicia Kirchner

Algunos se brotan cuando se habla de redistribuir la riqueza. A lo mejor se sienten mejor en épocas de crisis, quizás porque los costos los pagan siempre los que menos tienen. Los puestos de trabajo los pierden los trabajadores. La desintegración familiar es el camino seguro para quienes ni siquiera tienen fuerzas para el conflicto social. La especulación financiera, de las bolsas, de los paraísos fiscales, de la evasión y de la fuga de capitales, se dan en esos contextos críticos. Y ahí ganan los que más tienen y pueden concentrar sus ganancias, muchas veces espurias. Cuando el país crece, se regenera el vínculo laboral y se abren las puertas del trabajo, y también sobrevienen los conflictos. Porque es legítimo que todos quieran participar en alguna porción mayor de la torta.
El conflicto social es conflicto de intereses. No hay que temerle, porque es inherente a la democracia. Un Estado presente armoniza los conflictos y los convierte en un ejercicio dinámico que enriquece la participación popular. A lo que hay que temerle es a la anomia, al disciplinamiento que cristaliza a la sociedad en clases sociales sin capacidad de ascenso, de movilidad, porque este es un sistema propio de las democracias formales, de unos pocos, y de los regímenes dictatoriales. En el mundo, históricamente este último tipo de conflicto ha silenciado voces que reclamaban justicia y en no pocos casos ha sido de manera cruenta.
La Argentina, es posiblemente el único país en el mundo en el que se celebra el 1º de Mayo, como “Día del Trabajo”. En el resto se “conmemora” a los obreros Mártires de Chicago, excepción hecha de Estados Unidos, país en el que fueron asesinados. Y se celebra, lo celebran particularmente los trabajadores, que acceden a la dignidad del trabajo, desde el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, que garantizó la Justicia Social. Sería un error suponer que los avances logrados a través de una legislación señera en el mundo moderno, se limitara al salario. Resulta más correcta la mirada desde las condiciones de vida y de trabajo, que tienen que ver significativamente con la centralidad del hombre que trabaja, del trabajo humano, de la consolidación de la familia y también de la inclusión de los trabajadores a la política, un derecho que les estaba vedado.
Pero de ese contexto forma parte el ingreso de los trabajadores. Se trata de la retribución legítima al aporte subjetivo del trabajo en el marco de la producción. Superior incluso al del capital. Sin embargo, durante los gobiernos justicialistas, los trabajadores y los empresarios dividieron en un 50 por ciento cada uno, como sector productivo, sus ingresos con referencia al Producto Bruto Interno. Es bueno recordar que nunca como en ese tiempo, los empresarios ganaron tanto, a pesar de tener que dispensar mayores excedentes en beneficios de sus socios, los trabajadores. Entonces hubo una distribución de la riqueza equitativa y en justicia. Luego, gobiernos democráticos y dictatoriales lo derogaron de facto o implícitamente y hasta no hace mucho tiempo flexibilizaron las conquistas laborales y redujeron los salarios de trabajadores y jubilados.
Hoy nuevamente, desde el Gobierno nacional, primero de la presidencia de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández, volvemos a discutir con seriedad y responsabilidad una mayor y mejor distribución de la riqueza, de una Argentina en pleno crecimiento. Y además del ingreso creciente de los trabajadores formales, un proyecto legislativo intenta reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el trabajo debe garantizar, entre otros derechos, “la participación (de los trabajadores) en las ganancias de las empresas”. No se trata de una formulación trasnochada, sino de avanzar en la aplicación concreta de nuestra Carta Magna.
El ex presidente y diputado nacional, Néstor Kirchner, ha señalado que “es fundamental la distribución del ingreso” y le pidió “a los empresarios que no hablen con desprecio de los trabajadores y a los trabajadores, que no lo hagan con los empresarios nacionales. La Argentina debe volver a 1974, cuando la distribución era de 50 y 50. Los trabajadores deben poder ver el balance de las empresas".
Ya la Constitución justicialista de 1949, hablaba del “derecho a una retribución justa”, señalando que “siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad deber organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado”. Este concepto es sustancial a la hora de evaluar este derecho de los trabajadores. Y su negación contrasta con las expresiones de quienes generalmente consideran “exiguo” los ingresos de los trabajadores y haciendo uso político de las estadísticas nos hablan de lo costoso que es llegar a la canasta familiar, pero a la hora de la verdad se asocian en contra.
En el mundo de los países centrales, industrializados, poseedores de la más moderna tecnología, los vínculos de empleo se quiebran y la escalada del desempleo es incesante. Algunos de esos países que supieron construir un “Estado de bienestar”, hoy en franca decadencia, las reformas laborales incluyen, entre otras, una baja las indemnizaciones por despido y una reducción en los tiempos para producirlos, lo que supuestamente alentaría a los empresarios a contratar más trabajadores sin la rigidez de las conquistas laborales.
En la Argentina, los trabajadores discuten salarios, condiciones de trabajo y ahora una mayor distribución de la riqueza a través de la participación en las ganancias de las empresas. Este es un país que crece en serio. Porque es el Estado presente el que habilita a los trabajadores en la búsqueda del ascenso social, de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Por eso los trabajadores en esta parte de América latina, seguirán “festejando” el “Día del Trabajo”, porque no hay país sin trabajadores aportantes a la construcción de un Proyecto Nacional y Popular, que privilegie al trabajo por sobre la economía y que ponga a ésta al servicio del pueblo todo y no de unos pocos.

13 de septiembre de 2010